Guerra abierta contra las gasolineras fantasma
La patronal del sector de estaciones de servicio (CEEES) se ha puesto en pie de guerra contra las nuevas gasolineras fantasma. Con cerca de 500 puntos de venta de este tipo, este nuevo modelo de negocio se caracteriza por la ausencia de trabajadores. En su lugar, máquinas de cobro y autoservicio. La irrupción de las gasolineras fantasma está revolucionando el sector y ofreciendo una dura competencia al modelo tradicional, hasta el punto de ser consideradas competencia desleal por algunos sectores. Las críticas no se han hecho esperar y apuntan a numerosos problemas que van falta de seguridad hasta la discriminación de personas discapacitadas.
Tal y como denuncian diversas asociaciones como la Confederación de personas con discapacidad física y orgánica de Castilla y León (COCEMFE), este tipo de gasolineras no ofrece un trato igualitario a clientes discapacitados, que en ocasiones pueden necesitar ayuda por parte del personal para repostar. Según esta asociación, y atendiendo a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, este tipo de gasolineras supondría una clara discriminación, pues incumplen el principio por el cual los comercios deben velar por la igualdad de oportunidades en el acceso a productos y servicios. Con este argumento, COCEMFE alertó el pasado mes a las autoridades de Castilla y León, una de las regiones autónomas que aún no ha regulado la situación de estas estaciones de servicio sin personal.
En este sentido, ya se han pronunciado con regulación específica cuatro comunidades –Andalucía, Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha- a las que se prevé que se sumen Asturias y Baleares. De ellas, únicamente Andalucía posee regulación específica para las estaciones híbridas –aquellas en las que se encuentra personal únicamente durante el horario laboral-.
Se calcula que las gasolineras fantasma suponen un 5 % del total de estaciones de servicio españolas, cifra muy distinta a la que ofrecen los países del entorno europeo, donde alcanzarían un 20 % en Francia y hasta un 50 % en lugares como Dinamarca, según informa el diario El País. La cifra de puestos de trabajo perdidos por este fenómeno ascendería a 20.000 tan solo en Francia.
Es por ello que a las críticas de patronal y asociaciones por la igualdad se suman las de los sindicatos de trabajadores mayoritarios CC OO y UGT. Sus portavoces añaden más leña al fuego apuntando a las deficiencias en seguridad, dado que la usencia de personal impide la realización de inspecciones sorpresa, así como el control de posibles fugas o derrames de combustible.
El sector, que cuenta con aproximadamente 65.000 trabajadores, calcula que si se produjese la apertura de tantas estaciones de servicio de este tipo, como licencias de apertura se están tramitando actualmente, 30.000 empleados estarían en serio riesgo de perder su puesto de trabajo.
Por si esto fuera poco, el pasado mes de febrero la asociación Facua-Consumidores en acción solicitó al Gobierno central que interceda a fin de evitar la vulneración de derechos del consumidor. Según Facua, la desasistencia de las gasolineras fantasma hace imposible que el consumidor acceda a derechos básicos como el de reclamación o el de comprobación de que se le ha dispensado aquello por lo que pagó y en la cantidad adecuada.
A pesar de la intensa oposición al nuevo modelo, el negocio parece destinado a abrirse paso, al menos en la cuenca levantina del mediterráneo, en la que Comunidad Valenciana y Cataluña son pioneras en este tipo de estaciones de servicio y donde las autoridades parecen aún reacias a su prohibición. De hecho, empresas petroleras como Repsol ya ha puesto en marcha hasta 15 gasolineras automáticas en la costa mediterránea, según apunta el diario El País. Por su parte, Cepsa habría optado por el modelo híbrido, quizá como primer paso hacia un servicio que parece avanzar hacia la deshumanización progresiva.