Nueva Ley de Hidrocarburos
La Comisión de Industria del Congreso dio el visto bueno a la nueva Ley de Hidrocarburos el pasado jueves 26 de marzo. Según declaraciones del portavoz de Energía, Guillermo Mariscal, las reformas introducidas son muy ambiciosas y están destinadas a “propiciar más competitividad”, lo que a priori debería repercutir en una bajada del precio del carburante en la venta minorista al público.
La ley ha pasado sin el visto bueno de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) al cual el Gobierno está obligado a consultar en proyectos que regulen sectores económicos. Este problema entre Gobierno y CNMC viene de largo. Al parecer, ya en los cambios que se aplicaron por Real Decreto en el sector gasístico, el ministerio que controla José Manuel Soria no envió la nueva ley a esta institución. Para intentar suavizar tensiones se ha creado una comisión con el objetivo de estudiar esta nueva ley en la que sí estaría incluida la institución que regula la competencia.
Este pasado diciembre se aprobó parte de la ley que incluye, entre otras medidas, una nueva fiscalidad para la exploración y producción de hidrocarburos, incluyendo nuevos impuestos para el fracking en España, concretamente una tasa del 1 % sobre los beneficios obtenidos de la extracción, destinados a los propietarios del terreno sobre el que las empresas realicen la misma. Esta medida tiene como objetivo que la actividad y los beneficios que este sector genera repercutan también sobre la sociedad, según apunta el ministerio en su web.
La técnica del fracking ha suscitado gran polémica en los últimos años, pues al parecer requiere agresivos procedimientos que los ecologistas denuncian como peligrosos para el ecosistema, especialmente cuando las prospecciones se realizan en el mar, debido principalmente a las explosiones subterráneas necesarias para la extracción mediante este método. En Estados Unidos, donde este método está a punto de convertir al país en primer productor mundial de petróleo, este tipo de extracción se realiza en todo tipo de lugares y terrenos privados y públicos. En España, algunos municipios también se han manifestado abiertamente contra el fracking, al considerar a esta técnica responsable indirecta de una mayor actividad sísmica en algunas zonas del país.
Una de las nuevas medidas incluida en la nueva ley es la creación de nuevos mercados mayoristas sobre el precio del gas natural. El nuevo operador de este nuevo mercado será una sociedad privada llamaba Mibgas y en la cual deberá participar Enagás con al menos un 20 % de participación en el capital. Este nuevo mercado sobre el futuro precio del gas natural está destinado a fijar el precio de esta materia prima en nuestro país. Según el Consejo de Ministros, la medida repercutirá en precios más transparentes y competitivos, dado que la apertura a la especulación por parte de inversores sobre el precio de la commodity incrementará la competencia.
Otra de las medidas permite que los instaladores de gas natural acreditados puedan legalmente realizar la inspección de las instalaciones. Anteriormente, éstas únicamente podían realizarse por distribuidores del mismo gas natural, es decir, por las empresas gasísticas, lo que implicaba la vulnerabilidad de los consumidores ante posible fijación de precios abusiva por un servicio necesario para la seguridad de las instalaciones.
Pero el punto más importante de esta ley es que incluye la posibilidad de que las gasolineras se vendan y compren hidrocarburos entre ellas, además de la posibilidad de comprar carburante de forma común entre ellas para lograr un mejor precio por parte de las petroleras. Hasta ahora, las estaciones de servicio únicamente podían adquirir carburantes comprándolos a través de las principales operadoras. Según el Gobierno, esta medida fomentará la competencia en los precios y significará a la larga un abaratamiento del precio de la gasolina.
